Insoportable presión vecinal

Hace ya bastantes años, se fue extendiendo la influencia de los vecinos y sus asociaciones en la acción y vida municipales. Poco a poco se fue dando carta de naturaleza a la intervención de repre­sentantes vecinales en distintos foros municipales para ser oídos y realizar sus «presiones». ¿Qué sentido tiene la participación vecinal bien ordenada? Lo tiene si no altera el ejercicio democrático del poder.

Bien. Una cuestión es ser consultado u oído antes de que se adopten las decisiones -consejo social de la Ciudad, asistencia de representan­tes a determinados Consejos o Comisiones, presupues­tos participativos, mecanismos de participación previstos en la legislación sectorial urbanística- y otra absolutamente perversa es la presión de esos mismos actores después de que la administración, legítimamente, adopte sus decisiones y acuerdos. El otro camino si se entiende que la decisión fue ilegal está en los tribunales de justicia. Y uno se pregunta, ¿dónde está realmente la soberanía nacional? En el conjunto del pueblo español y así lo consagra la Constitución Española en su artículo 2.2.

¿Cómo se ejerce esa soberanía? A través de los legítimos representantes elegidos para un perio­do de tiempo determinado mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Así y no de otro modo. De esta suerte, si los movimientos vecina­les están interviniendo después, como va dicho,  se está alterando un principio sacrosanto y constitucionalmente establecido.

No puede ser, no debe ser, que un conjunto de vecinos, una asociación o la federación en pleno cuestionen una decisión, o la torpedeen, exigiendo su no aplicación o vuelta atrás en clara contradicción con el principio de legalidad, el de seguridad jurídica y el de mutua con­fianza entre administración y administrados.

La norma legal, sea esta de contenido económico, de urbanis­mo o de cualquier índole ha de ser cumpli­da  y no es de recibo que ante una presión veci­nal, no siempre todo lo límpida que sería de­seable, la administración se bata en retirada o pastelee para dar satisfacción a no se sabe muy bien qué intereses y si estos son o no líci­tos y honorables. Lo que no lo es, es la protes­ta sin más porque ante algo decidido y ajustado a la norma pero que no nos gusta o creemos que nos va a molestar -en el orden que sea- sea capaz la administración de atender esa demanda interesada si no espuria.

Y una última reflexión: siempre habrá un administrado, interesado, que verá afectada su economía y con todo el derecho y razón demandará una reparación en dinero contante. ¿Quién lo pagará? ¿la administración? Sí, claro. Es decir, nosotros, todos nosotros.

El político debe asumir su responsabilidad con las acciones, meditadas, ajustadas a derecho, que toma y tener cuajo para hacer frente a las demandas interesadas de los vecinos o asociaciones. El estudio necesario y de rigor, antes. Es muy fácil, para no ganar ene­migos o para obtener réditos electorales, transigir por comodidad porque  paga el erario público.

Lo que no es, desde luego, es honesto y lo que hay que tener, como ya he dicho en alguna otra ocasión, es el valor (al que están moral y políticamente obligados) de decir no y diciendo no, esta­rán  solo cumpliendo con su obligación que el electorado sensato agradecerá. Ese popu­lismo barato de contentar al que más grita, al que más protesta, no es en absoluto buena guía de actuación política. No lo es. Quizá me estoy refiriendo, casi sin darme cuenta, al penúltimo caso: un Residencial comunitario en La Zaidía.

Valencia, 5 de febrero de 2023.